Cuando me preguntan cómo nació mi vocación política me viene a la mente una frase de Hannah Arendt: "Lo que quiero es comprender". Comprender implica escuchar, dialogar, ponerse en el lugar del otro.
Me incorporo al debate acerca de la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón movida justamente por esa necesidad de comprender.
Y debo comenzar confesando que me resulta difícil entender una reforma que es rechazada por una abrumadora mayoría social; que ha provocado estupor en muchos sectores del propio PP y que crea angustia a prácticamente todas las mujeres. Se me hace cuesta arriba comprender una reforma que nos aleja de Europa; una reforma que ni siquiera satisface plenamente a aquellos a los que va dirigida: los sectores más integristas, que consideran este proyecto sólo un paso más en su lucha por el aborto cero.
Difícil resulta también entender que se derogue la ley actual, que ha reducido el número de abortos; una ley que evita los riesgos sanitarios del aborto tardío o clandestino y asegura una cierta equidad a las 110.000 mujeres que anualmente deciden interrumpir su embarazo. ¿Qué alternativa se ofrece al 90% de esas mujeres que según la Asociación de Clínicas Acreditadas quedarían fuera de la ley con la reforma? ¿Londres o Lisboa para quien pueda permitírselo y una clínica clandestina para las demás?
Quiero comprender qué razones de peso motivan este gravísimo retroceso, pero no lo consigo.
Desde el Gobierno del PP sostienen que su reforma recupera un consenso establecido con la despenalización de 1985 y roto con la ley socialista de plazos del 2010. Pero, como ha demostrado Amparo Rubiales, ese consenso nunca existió. La derecha española se opuso a aquella legislación de supuestos y desató una feroz campaña mediática y de protestas en la calle.
Tampoco puedo asumir que el propósito de la ley sea el declarado por el PP: "defender la vida". Es un argumento que ya fue desmontado en 1985 por el Tribunal Constitucional al afirmar que la vida del concebido no es un valor absoluto. Si fuera un valor absoluto, el aborto no podría autorizarse en ningún supuesto. ¿Por qué la ley debería defender la vida en unos casos y no en otros?
Suponemos entonces que, al hablar de defensa de la vida, el ministro pretende congraciarse con la jerarquía eclesiástica. Pero lo hace cuando, desde el Vaticano, el papa Francisco está abriendo una nueva era de diálogo y de comprensión hacia los no católicos, con quienes declara la voluntad de "recorrer una parte del camino"; una renovación que presenta señales alentadoras de respeto a la modernidad ilustrada y a la conciencia individual.
En mi esfuerzo por comprender, tan sólo encuentro una explicación que facilita el propio Gallardón. "Yo sí tendría un hijo con malformaciones graves", ha afirmado. Es una opción respetable, incluso admirable si expresa coherencia con sus creencias.
Pero tropieza con un problema. Él nunca podría tomar esa decisión porque él carece de capacidad de gestación. A lo sumo podría alentar a una mujer a seguir adelante con la gestación en caso de malformaciones graves o podría esforzarse por disuadirla. Nunca podría decidir en su lugar, porque la legitimidad de esa decisión radica en la autonomía de la mujer, de cada mujer, para decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
No voy a sumarme ni por asomo a los ataques personales que ha recibido el ministro Gallardón en las últimas semanas. Pero no puedo dejar de decirle que la única explicación que encuentro a su proyecto de ley es justamente esa: existen aún hombres que se creen con derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Existen personas que se sienten con derecho a imponer sus convicciones morales minoritarias al conjunto de la sociedad sólo porque disponen de una holgada mayoría parlamentaria.
Cuando eso sucede, el camino ineludible para mujeres y hombres -lo mostró también Hannah Arendt- es actuar.
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