Artículo escrito por Esther Soto, Secretaria de Formación de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Sur del PSC de L'Hospitalet.
Las políticas de recortes del
Gobierno están perjudicando a los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad, personas mayores, inmigrantes, parados de larga duración y
principalmente a las mujeres, poniendo en riesgo además, todos los derechos
conseguidos en materia de igualdad de género.
Estas políticas han hecho
aumentar dos de los aspectos más habituales en el sector laboral femenino, la
temporalidad de los contratos y la parcialidad de las jornadas.
Aspectos que refuerzan su precariedad
laboral dejándolas más desprotegidas a la hora de percibir la prestación
por desempleo, a lo que cabe añadir también, la sobrecarga de trabajo y
responsabilidades, que esto les representa en numerosos casos, al tener que
asumir el cuidado de familiares y de la casa.
Las privatizaciones que el
Gobierno está llevando a cabo en sistema público de salud, también están
afectando derechos fundamentales para la vida y la salud de las mujeres,
como los que afectan a la planificación familiar, al control mamográfico
o al aborto.
Con el Real Decreto 16/2012, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el PP, ha
suprimido de un plumazo, el derecho a la salud como un derecho
universal e individual, al vincular este derecho a la cotización a la
Seguridad Social, en contraposición a la Ley General de Sanidad 14/1986.
Este decreto excluye el
derecho a la atención sanitaria a muchas personas emigradas, a los mayores
de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, a las personas que se ven
obligadas a trabajar en la economía sumergida, a las que trabajan al cuidado de
la casa, colectivos donde las mujeres están sobrerrepresentadas.
Excluye principalmente a las
mujeres emigrantes sin papeles, que además de estar afectadas por todo lo
anterior, se les exige una serie de trámites de difícil cumplimiento para
acceder a la Tarjeta Sanitaria, a las mujeres en situación de prostitución
forzada, a las cuales, mediante una nueva ley que entrará en vigor el
próximo mes de abril, se les obliga a denunciar su situación de explotación
para poder tener acceso a la Tarjeta Sanitaria, con el consiguiente riesgo para
sus vidas que esto representa.
Exigencia que entra en
contradicción con la Llei 5/2008, de 24 d’abril sobre el derecho
de las mujeres a la erradicación de la violencia machista que garantiza,
independientemente de la denuncia, que las mujeres pueden ser atendidas de
manera integral.
El desmantelamiento de la Ley
de Dependencia, es otra de las causas que ha agrandado el agujero del empleo,
actualmente más dos millones de desempleados no cobran el subsidio, y las
mujeres son las más perjudicadas.
El cambio efectuado por el
Gobierno del PP, sobre la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales, aprobada por el anterior Gobierno Socialista, ha afectado a
más de 180.000 convenios especiales que cubrían a sus cuidadores, una vez
más en su mayoría mujeres, que ahora deben ser asumidas por cada cuidadora si
pretenden obtener una pensión de jubilación, abocándolas en numerosas ocasiones
a la economía sumergida.
Bajo la excusa de crisis
financiera, económica e institucional, nos están robando uno de los bienes más
preciados de nuestra sociedad y garante de la igualdad de oportunidades.
Levantémonos en defensa de un sistema de salud público, universal y de calidad.
Un sistema de salud democrático, transparente, participativo y con visión de
género. La salud no es un negocio, es un derecho.
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